La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) y el Comité de Trabajadores en Defensa para las Pensiones (Comtradefop) manifestaron el jueves su rechazo a la segunda versión del proyecto con la que el Gobierno intenta convencer a GANA y PCN.
La nueva versión, entregada el viernes a los diputados, plantea un sistema de reparto o fondo común, que serviría para pagar pensiones, pero que llevaría un registro de ahorros de cada cotizante.
El presidente de Asafondos, René Novellino, señaló que un sistema de reparto “es un fondo común en donde nadie tiene propiedad de los fondos” y que llevar un registro de ahorros individuales no implica que los cotizantes tendrán una cuenta en dicho fondo, ya que ese fondo se usaría para pagar pensiones mínimas.
Asafondos advirtió que en la segunda versión del proyecto hay una corrección en los casos de devolución si los trabajadores no cumplen requisitos de jubilación, ya que en el decreto original no se garantizaba el retorno de la rentabilidad. Ejemplificó que un trabajador de 59 años que tuviese $10 mil ahorrados, de los cuales $3 mil eran los intereses generados por sus ahorros, solo iba a recibir $7 mil en cuotas, como devolución.
Asafondos asume que la corrección afectará solo al fondo de capitalización, ya que en un fondo de reparto no hay rentabilidad, porque los fondos serían usados en pago de pensiones mínimas.
Fusades sostuvo que la nueva propuesta sigue siendo insostenible y siendo inconstitucional. “Por definición un proyecto no es solidario si no es sostenible”, dijo Álvaro Trigueros, del Departamento de Estudios Económicos de Fusades.
